Albergue, acompañamiento y alimentación son los principales ejes de acción desde los gobiernos locales para atender a los migrantes de Venezuela en Ibarra, Cuenca, Tulcán y Santo Domingo.
Cada entidad ejecuta sus actividades; es decir, no existe un plan conjunto en el país. Rossana Cevallos, presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), explica que en cada cabildo se pueden articular gestiones interinstitucionales para los temas de movilidad humana. También “pueden generar alianzas estratégicas a escala local, nacional e internacional que nos brinde las oportunidades de intercambio de información y cooperación”.
En Ibarra funciona el Centro de Atención de Víctimas de Violencia, un programa del Municipio para ayudar a las personas en condición de movilidad y para ecuatorianos.
Hasta allí acude cada martes un ciudadano venezolano, de 46 años, con su esposa e hijos. Prefiere no dar su nombre porque teme recibir alguna agresión, como ocurrió en enero tras el feminicidio en que estuvo implicado un coterráneo.
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Esta asistencia y el Albergue Municipal para hombres o mujeres solas son el aporte para atenuar la crisis migratoria venezolana, explica Daniela Montalvo, directora de Desarrollo Económico e Inclusión Social del Cabildo. El Albergue es una de las seis casas de acogida que hay en la provincia y son administradas por entidades públicas o privadas.
La Prefectura de Imbabura capacita a los habitantes en temas de derechos humanos, para evitar la xenofobia. Esta tarea se realiza en coordinación con las agencias internacionales de cooperación.
En los últimos seis meses desarrollaron la campaña Demos Oportunidad – Xenofobia Cero, en instituciones educativas como la Ibarra, Víctor Manuel Guzmán, Sarance y Gabriela Mistral, de Otavalo, donde hay un alto porcentaje de estudiantes extranjeros.
La Prefectura del Carchi apoya a otros organismos que asisten a esa población, cuenta Analía Zabala, coordinadora de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Por ejemplo, ha facilitado la logística para que el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja entreguen kits de ayuda.
Desde el año anterior, el Municipio de Cuenca, a través de la Casa del Migrante y el Proyecto Vida, aporta con recursos económicos a la Posada de San Francisco, que asiste con alimentación, hospedaje y atención médica.
De esa ayuda se benefician Gerardo Júnior, Carolain García y su hijo. Son de Maracaibo y llegaron a Cuenca el viernes, En la Posada obtuvieron una tarjeta para dormir y recibir tres comidas, por 10 días.
Según el director de la Casa del Migrante, Édgar Orellana, en los últimos meses aumentaron la presencia de venezolanos desamparados y la asistencia. La Posada de San Francisco tiene capacidad para 100 personas, pese a que ahora la demanda supera esa cantidad. El Municipio aporta con USD 10 000 anuales.
El Gobierno Provincial de Santo Domingo tiene también un centro de atención al migrante desde junio y está en el km 12 de la vía Alóag. Allí se ha atendido a 1 000 migrantes.
En ese sitio se toma un registro de los migrantes que llega al Consejo de Protección de Derechos y al Patronato de Inclusión del Municipio. La primera entidad los contacta para brindarles ayuda psicológica y asesoría sobre su situación migratoria, informó su titular, Nalda Bustamante.
Ambas dependencias trabajan con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero no todos los migrantes acuden a esta ayuda o se registran por temor a que sean deportados.
Giovanna Tipán, consultora de Movilidad Humana de la Fundación Latinoamericana, explica que los gobiernos locales tienen la facilidad de actuar a favor de los migrantes de una forma más rápida y mejor que desde el Gobierno central. Además, cuenta que para ese fin se deben tomar una parte del 10% del presupuesto que el Código de Organización Territorial establece para los grupos de atención prioritaria.
En Huaquillas, el apoyo a los extranjeros proviene más de otras organizaciones, según María de los Ángeles Astudillo, vocera del Municipio.
Astudillo dice que la administración participa en Comités de Operaciones de Emergencia, pero no tiene una hoja de ruta propia. “Hay organizaciones con las que se ha conversado para ver cómo se puede actuar conjuntamente”.
