La policía le encontró boca abajo, con dos balazos en la espalda y otro en la cabeza. Su carro aún estaba en marcha, estacionado en una carretera cerca del hogar móvil en el que vivía en Garden City (Georgia). Eliud Montoya, un jardinero mexicano de 41 años, no sólo había sido asesinado: había sido ejecutado.
Iba en pijama y con sandalias, se había dejado la billetera en casa, no planeaba ir muy lejos. Su Honda estaba aparcado junto al carro que usaba para trabajar. Dentro, en un cuaderno de páginas amarillas, había escrito: “Me están vigilando todo el tiempo”, “por una queja sobre cómo trata el supervisor a sus empleados”.
Lo dejó escrito el 17 de agosto de 2017. Días después estaba muerto, según informa el diario The Washington Post citando la investigación policial.
Aquel 17 de agosto, Montoya había presentado una queja contra su jefe, Pablo Rangel Rubio, ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Le acusaba de explotar a inmigrantes indocumentados en su empresa, Wolf Tree, robándoles los salarios. E incluso contaba con el testimonio jurado de tres de ellos, dispuestos a respaldar la denuncia.
Cuando el detective Roberto Rodríguez acudió a contarle lo ocurrido a la madre de Montoya, Avelina Alvares, ella supo “sin duda” quién había matado a su hijo.
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Rangel Rubio, de 49 años, ha sido procesado el jueves por conspiración para cometer asesinato, entre otros crímenes, al haber pagado presuntamente más de 20.000 dólares a dos de sus empleados para que mataran a Montoya. Durante una década, el empresario se había embolsado 3,5 millones de dólares junto a su hermano Juan a costa de robar el salario a inmigrantes indocumentados.
Montoya había logrado la ciudadanía estadounidense una década después de emigrar de México, y era el único sostén de su familia. Trabajaba siete días a la semana, según su hermano menor, Geraldo y parecía gustarle. Pero en realidad llevaba meses discutiendo con sus jefes, y desde abril de 2017 había estado hablando con los trabajadores indocumentados sobre su situación.
Finalmente decidió dar el paso definitivo y denunciar la situación ante el Gobierno, presentando pruebas de que Rangel Rubio había conseguido tarjetas falsas de seguro social a los indocumentados. Uno de los trabajadores dispuestos a hablar le advirtió, sin embargo, de que dejara a Rangel Rubio en paz “porque iba a hacer que le mataran”.
Según la policía, eso hizo: enroló a su hermano Juan y un trabajador, Higinio Pérez Bravo, para espiar a Montoya, tenderle una emboscada y ejecutarle.
