Panamá, el “Dubái de las Américas”, como se le llama a veces, aparentemente lo tiene todo. Con una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo, junto con un centro financiero regional envidiable, este país centroamericano ha tenido años de increíble crecimiento del PIB, una relativamente buena clasificación en el Índice de Progreso Social y avances significativos en la expansión de uno de sus principales activos, el Canal de Panamá.
Sin embargo, los panameños en general, sienten que algo anda mal.
¿Por qué podría ir mal un país que resistió a la Gran Recesión y salió casi ileso, y que tiene una de las cifras más bajas de desempleo en el mundo?. Citando a James Carville: “¡Es la economía, estúpido!”.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Panamá creció en promedio, 6,84% durante el período 2009-2014, sólo durante los años 2011 y 2012 tuvo un crecimiento impresionante de 10,8% y 10,2% de crecimiento respectivamente.
Este fue el período en que el expresidente Ricardo Martinelli estaba al mando. Y también coincide con un período que muy probablemente pasará a la historia como uno de los más corruptos y con un amiguismo en el poder nunca antes visto. Estas son algunas de las razones por las que la actual administración, encabezada por el presidente Juan Carlos Varela (quien fue vicepresidente de Martinelli), ha estado tratando de restaurar la confianza del público en funcionarios públicos, el estado de derecho y las instituciones republicanas. Y hasta ahora, ha hecho un buen trabajo.
Los exministros y otros miembros del Gobierno de Martinelli han sido fuertemente cuestionados, lo cual ha agradado al público en general. Un exjuez de la Corte Suprema que fue a juicio, fue encontrado culpable; de hecho, este fue el primer caso de alta expectación que los panameños han visto en mucho tiempo. Incluso el propio Martinelli está a la espera en la larga fila de los cuestionamientos. El Tribunal Supremo está actualmente investigándolo, debido a su participación en un escándalo de corrupción relacionado con el programa nacional de asistencia social, Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El consenso indica que el público aprueba las investigaciones. Después de todo, las instituciones republicanas sólidas y el respeto por una clara e imparcial normativa de ley, son necesarias para una economía sólida en la que la inversión, tanto nacional como extranjera, pueda avanzar y generar una prosperidad sostenible. Pero, como se mencionó anteriormente, es precisamente esta economía la que parece preocupar a los panameños.
No importa a quién se le pregunte, lo más probable es que respondan que la economía está “atascada”. Esta percepción no es necesariamente falsa, dependiendo de cómo se miren las cosas. Durante el primer trimestre de 2015, el gasto público —gasto de capital, en particular— cayó 40,7% en comparación con el mismo período del año anterior.
Esto es problemático, dado que durante el gobierno de Martinelli, el gasto público en infraestructura se consideró una fuerza impulsora detrás del auge económico experimentado en el país. ¿Y quién podría argumentar lo contrario? Nuevos caminos estaban pavimentados, los viejos caminos estaban siendo arreglados, y un nuevo metro, el primero de toda América Central, estaba bajo construcción. La advertencia, sin embargo, es que la mayoría, si no todos estos proyectos, y muchos otros también, fueron financiados a través de deuda.
Por lo tanto, la deuda pública alcanzó un nivel nunca antes visto. Teniendo en cuenta que en cifras del PIB, el gasto del Gobierno fue considerado como “algo bueno”; la percepción de que todo iba bien se vio impulsada aún más. Pero el PIB, al igual que cualquier otra estadística, puede ser fácilmente malinterpretado por su propia naturaleza, y puede distorsionar la visión y comprensión de la economía. La forma en la que Martinelli tomó el dinero prestado, fue para postergar el pago de la deuda para después de la fiesta.
La administración del presidente Varela, sin embargo, no ha sido particularmente amable con las empresas en general. Inmediatamente después de entrar con su Gobierno, Varela firmó una ley que estableció el control de precios en 22 productos de primera necesidad, como el arroz, la cebolla y ciertas carnes.
También ha aumentado los impuestos sobre las materias primas utilizadas para la construcción, a pesar de que prometió que no aumentaría los impuestos existentes o crearía nuevos tributos. Por otra parte, debe millones de dólares a agricultores, y también ha mantenido varios permisos de construcción y ocupación en lista de espera.
Los representantes de los sindicatos más grandes del negocio, tales como la industria del turismo, el sector agrícola, varios economistas, entre otros, han expresado sus preocupaciones; pero al parecer el Gobierno está dispuesto a sentarse y hablar con ellos. Sin embargo, hasta el momento, nada se ha escrito ni ha quedado por sentado.
Para empeorar las cosas, la Asamblea Nacional ha venido proponiendo leyes que van en contra de la libertad económica y empresarial, como los controles de precios en los garajes privados de estacionamiento, precio y controles reglamentarios de las escuelas privadas, además de las estrictas restricciones migratorias. Estas son ideas terriblemente malas, sobretodo teniendo en cuenta que el sistema de educación pública en Panamá es un desastre y hay carencia de mano de obra calificada en el país.
Los extranjeros, en particular de Nicaragua, Venezuela y Colombia, han llenando el vacío, pero las cosas están propensas a empeorar mucho en ese sentido. Si las restricciones migratorias llegan a ser demasiado severas, las empresas no podrán llenar sus vacantes y optarán por migrar sus negocios a países que sí serían capaces de proporcionar los recursos necesarios para operar de manera rentable.
Los empresarios en Panamá han instado a la administración Varela a darse cuenta de que el sector privado es el principal aliado del Gobierno. Proporciona la mayoría de los puestos de trabajo en el país, por lo tanto, ellos pagan, directa e indirectamente, los impuestos necesarios para mantener el funcionamiento del Gobierno y el suministro de los subsidios y programas de asistencia social vigentes. El presidente Varela, como un empresario, ya debe saber esto en algún nivel.
Sin embargo, él sigue trabajando en contra de los mejores intereses de la economía. Por supuesto, el presidente debe ayudar a fortalecer las instituciones republicanas de Panamá y el cumplimiento de la ley, además debe hacerse a un lado y dejar que el sector privado haga lo que mejor sabe hacer: resolver problemas, generar riquezas y mejorar la calidad de vida de los residentes del llamado “Dubai de las Américas”.
Pablo José Gutiérrez Fernández III
31 de mayo de 2015Opinión, Vida en Panamá
