El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en su último reporte sobre Panamá que el país debe fortalecer su marco fiscal.
En concreto, se refiere a las constantes modificaciones a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que se han aprobado por los distintos gobiernos para elevar los límites de déficit fiscal y a la provisión especial introducida en el gobierno anterior que permitirá elevar el gasto si los aportes del Canal de Panamá no llegan a determinado nivel. “Se debe ver la manera de hacer más complicado cambiar esos topes”, dijo Luca Ricci, jefe de misión del FMI para Panamá.
También recomienda la institución crear “amortiguadores fiscales” más amplios. Esto es generar un ahorro mayor para poder enfrentar eventuales riesgos, a los que Panamá está expuesta por ser una economía abierta e integrada o por situaciones internas, como la crisis a la que se aboca el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.
El ahorro se podría generar a través de una mayor recaudación tributaria y con la racionalización del gasto corriente. Una de las recomendaciones que hace actualmente el FMI a todos los países es aprovechar la caída de los precios de los combustibles para elevar la carga impositiva en los casos que esta sea baja. Esto es lo que intentó el Gobierno de Panamá este año con el fin de conseguir fondos para cubrir el aumento a las pensiones, pero la propuesta fue ampliamente rechazada por la sociedad y finalmente desechada.
En el lado de los ingresos, lo que está sucediendo en Panamá es justamente lo contrario a lo que propugna el FMI, ya que al cierre del primer trimestre la recaudación está por debajo de lo previsto en el presupuesto y de lo ingresado el año anterior en el mismo período.
Los ‘llave en mano’
Otra de las sugerencias es revisar el concepto de deuda neta (deuda total menos el ahorro nacional) y discutir la inclusión de los compromisos del Estado en contratos “llave en mano”. La pasada administración utilizó el recurso de los “llave en mano” en un gran número de contrataciones. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se calculó que el gobierno de Juan Carlos Varela deberá pagar más de $3 mil 141 millones de compromisos heredados. Esta administración también ha recurrido a este mecanismo para la ejecución de línea 2 del Metro.
El Gobierno no considera esos montos dentro de la deuda pública, ya que son las empresas contratistas de las obras las que consiguen la financiación. Pero para el FMI, al menos en la definición de deuda neta sí deberían estar incluidos.
Roberto González Jiménez – La Prensa
9 de mayo de 2015Noticias
