El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu informó este jueves que en lo que va del 2017, se han realizado un total de 8 operativos para detectar hospedajes clandestinos en varios puntos de la ciudad capital, tras la gran cantidad de denuncias que se reciben de un mismo lugar.
Explicó que se han encontrado residencias con divisiones sin los respectivos permisos de obras y construcciones, donde colocan camarotes y en un solo cuarto se hospedan hasta 15 personas.
«El tema es bien importante hay muchas quejas por alterar el orden público», dijo el titular de vivienda explicando que algunas de las anomalías son el no registro de contrato y la retención del depósito de garantía, ambas sancionadas por la mencionada Ley 93 de 4 de octubre de 1973.
Indicó que también se han encontrado pequeñas cocinas en los cuartos sin cumplir con las normas con conexiones de tanques de gas poniendo en peligro la vida de los inquilinos que viven allí.
Explicó que los operativos contra alquileres clandestinos ya suman quince desde mediados del año 2016 y se han extendido a San Francisco, Paitilla, Betania, Chanis, Parque Lefevre, Obarrio, Bella Vista, la vía Ricardo J. Alfaro, Pueblo Nuevo, Cerro Viento y San Antonio, localizados en el distrito de San Miguelito.
Las pesquisas se realizan tras denuncias que se reciben a través de la línea 311, formalmente ante la Dirección General de Arrendamientos y las redes sociales del Miviot por lo que antes de ejecutar los operativos se envía un personal para la inspección y conocer los movimientos de las personas al inmueble.
Reitero que los operativos para detectar hospedajes clandestinos «van con todo» ya que las normativas establecen que los permisos de alquiler se dan por vivienda, habitaciones y por apartamentos, no por cama.
Explicó que las personas pagan entre 160 a 200 dólares por permanecer en el lugar sin registro y sin control las personas.
Durante los operativos se encuentran distintas nacionalidades envueltas en los alquileres clandestinos, principalmente la venezolana y también costarricense, colombiana, chilena y personas de Antigua y Barbudas.
La diligencia son ejecutada por personal de arrendamiento de manera interinstitucional entre las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Municipio de Panamá y la Policía Nacional (PN), luego de recibir denuncias a través de la línea 311.
Odalis Núñez – Telemetro.
8 de septiembre de 2017Panamá, Vida en Panamá