“Se cayó el sistema de Internet de Cantv. No vamos a recibir más planillas para registro, les recomiendo que vengan mañana, por ahora solo entregaremos los documentos que están listos y de forma manual”, dijo con impaciencia una funcionaria de la oficina de registro de títulos universitarios en el Registro principal de Distrito Capital, al tumulto de personas acaloradas y ansiosas que esperaban ser atendidas, entre ellas Ángela Quintero, abogada y madre que había esperado cuatro horas para recibir los papeles necesarios para continuar con el proceso legal para emigrar del país con su familia. Publicado por Fanny Mora en El Universal.
Quintero tomó la decisión de emigrar a México junto con su esposo y sus hijos, debido a la situación del país, sin embargo, no esperaba que en el proceso tuviera que armarse de una paciencia infinita para no sucumbir ante la desesperación de enfrentarse al sistema burocrático de las instituciones públicas venezolanas.
12 meses ha sido el tiempo que ha tardado para lograr consignar el registro de título universitario, notas certificadas, pensum de estudio, acta de nacimiento y matrimonio, titulo de bachiller, notas de bachillerato y antecedentes penales; todos necesarios para continuar con el último y más deseado paso del proceso, apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La noticia del sistema caído hace que Quintero suspire profundamente y mueva su pierna con inquietud, el gesto se repite entre todas las personas que hacen la fila en la oficina, entre ellos, jóvenes y personas adultas. Algunos se retiran con enojo, otros se quedan en la fila con rostros cansados, esperando que ocurra un milagro y el sistema regrese.
En la fila, un grupo de abogados recién graduados espera registrar su título universitario, ríen entre ellos, recordando las anécdotas del acto de graduación que acaba de pasar tan solo hace dos semanas. Se quejan de la lentitud del sistema y la falta de organización de los funcionarios del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
“Estoy registrando mi título porque quiero comenzar con los trámites para apostillar. Todavía no pienso irme del país, pero quiero adelantar el proceso, porque nunca se sabe”, comentó Diego Hernández, uno de los abogados. Sus compañeras, dos jóvenes entaconadas con carteras de última moda y teléfonos de última generación, parecen desentonar entre las paredes blancas y desgastadas y el color rojo que caracteriza al Gobierno de la oficina. Están de acuerdo con su colega, no saben si partirán fuera de las fronteras venezolanas, pero no dudan que se presente la oportunidad.
La historia se repite entre las personas que ocupan la cola, realizan el trámite porque desean tener los documentos listos para emigrar ante la primera ocasión que se presente, algunos ya están decididos, tienen destino fijado y solo desean completar el proceso. La crisis económica, política y social que atraviesa el país es el principal estimulo; entretanto, el proceso aumenta las ganas de cruzar la frontera lo antes posible.
Certificar, legalizar y apostillar es el proceso que realizan las personas que desean emigrar y ser beneficiadas por el convenio de la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado (COHADIP), el cual consiste en un método simplificado de legalización de documentos para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, es decir, los documentos apostillados tendrán validez en los países miembros del convenio.
En ese sentido se necesita apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores dos tipos de documentos, los educativos, que comprenden las constancias, notas y título de bachiller, programas, constancias, notas certificadas, acta de grado y título universitario. Y los civiles, que comprenden el acta de nacimiento, matrimonio, soltería y la carta de no poseer antecedentes penales.
Cada documento debe ser legalizado en el registro principal de la entidad estadal donde fue originado, así como al ministerio que avala su legalidad, es decir, los ministerios de Educación, Educación Superior, del Trabajo y el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en el caso de la carta de no poseer antecedentes penales, que es emitida por ese organismo.
Este proceso de legalización es completamente gratis y puede tomar meses, ya que se debe hacer una cita a través de la página web del organismo y este puede ser lento o mantenerse inactivo. Se convierte en un juego de azar conseguir que el sistema ofrezca la cita, ya sea en Caracas o en el interior del país.
El proceso también requiere la inversión económica en timbres fiscales y costos de traslado a las oficinas gubernamentales, sin contar estadía y comida si se es del interior del país.
Es por ello que algunas personas optan por tramitar los papeles a través de gestores, personas quienes se encargan de llevar a cabo el proceso por el pago de alrededor de Bs. 40.000 por cada documento para apostillar.
A solo una firma de cruzar la frontera
El Ministerio de Relaciones Exteriores está ubicado en la avenida Urdaneta, de Puente Llaguno a la esquina Carmelitas, a solo cinco cuadras del Registro Principal, cuenta con dos entradas que destacan por ser tan diferentes. La entrada lateral presenta un lobby con escaleras limpias, aire acondicionado y funcionarios vestidos de trajes inmaculados. Resalta el color rojo característico del partido de Gobierno, presente en todas las instituciones del Estado.
Solo tienen acceso personas vestidas con trajes limpios, zapatos lustrosos y presencia impecable. El resto, personas que transitan en la calle, acaloradas, con jeans y zapatos deportivos, son observadas con desdén por los funcionarios del ministerio.
La segunda entrada en la avenida Urdaneta, presenta una reja gris deteriorada que se mantiene cerrada, en ella cuelga un pendón con toda la información sobre los requisitos que deben consignar las personas que necesitan apostillar.
Un hombre con chemise gris, pantalón y zapatos casuales rechaza a las personas que se acercan a preguntar, les cierra la reja en la cara y se niega a responder preguntas, solo dice que en el pendón está toda la información que buscan. Entretanto, una línea de personas espera que el reloj marque las 1:30 pm, hora en la que comienzan a entregar los documentos debidamente apostillados.
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Una mujer de 40 años de edad, habla acaloradamente con las personas de la cola, tiene un morral que abraza a su pecho como su posesión más preciada, viste ropa deportiva y lentes de sol, le llamaremos Laura Linares, pues no quiso revelar su nombre por seguridad.
Laura es una economista venezolana, casada con un peruano con quien tuvo dos hijos, de 15 y 8 años. Oriunda de Puerto Ordaz, estado Bolívar, viajó sola hasta la capital para culminar el proceso de apostillar sus documentos personales y los de sus hijos. Decidió emigrar a Perú porque afirma que “la inflación se comió mi salario».
Una de las motivaciones más importantes para marcharse ha sido la inseguridad, pues ha sido víctima de tres robos, en los que su hijo menor estuvo presente, desde entonces el pequeño vive con paranoia, no quiere salir de casa e incluso esa misma semana tuvo una crisis de nervios cuando salieron a un centro comercial. “Mamá este lugar es muy abierto, es muy peligroso, vámonos, me dijo mi hijo. Tuve que tranquilizarlo y llevarlo a casa”, relató Laura mientras ya eran la 1:35 de la tarde y aún no abrían las puertas para entregar los documentos.
Ha pasado un año y medio desde que comenzó a gestionar la legalización y registro de sus documentos. Cuenta que cuando asistió al Ministerio de Educación Superior a legalizar su título universitario pasó nueve horas esperando ser atendida para conocer que habían cambiado los requisitos, cuando había esperado meses para consignar la cita y viajar desde el interior del país. Allí mismo recibió malos tratos de los funcionarios, incluso gritos y ofensas. “Todo eso motiva más a querer irse del país”, aseguró.
Aunque el trámite de los documentos es gratis, Laura ha gastado una alta suma de dinero en traslado, hospedaje y comida. Cuando finalmente consiguió la cita para introducir los papeles gastó Bs. 33.000 en pasaje de avión, Bs. 70.000 en hotel, Bs. 2.000 en taxi dentro de la ciudad, Bs. 10.000 en taxi desde el aeropuerto, Bs. 10.000 en impresiones en un centro de reproducción y alrededor de Bs. 60.000 en comidas.
Relató que este año viajó a Perú para apostillar unos documentos de su esposo en el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, donde cobran 33 dólares por el trámite y entregan los documentos en dos horas. A su juicio, sería mucho mejor pagar por la gestión, pues aseguraría eficiencia y menos gastos personales.
Laura luce cansada, pero mantiene una actitud firme de lograr su objetivo, no tiene opción pues al día siguiente sale su vuelo de avión a Perú, donde su esposo la espera a ella y a sus hijos. Sin embargo, ya el reloj marca las 2:10 pm y la reja se mantiene cerrada.
Conseguir el boleto de avión para salir del país es difícil, ya que los vuelos en Venezuela se venden en dólares y Laura reconoció no tener el dinero, por eso le resultó más rentable viajar a la frontera en Brasil, cambiar bolívares por reales y comprar los boletos en una aerolínea brasileña.
“El viernes pasado las personas que estamos aquí trancamos la avenida, pues nos mantuvieron esperando y luego nos dijeron que no nos iban a recibir los documentos”, contó indignada, ya que uno de los requisitos del ministerio es presentar el boleto de avión con tres días antes del viaje, de lo contrario no apostillan.
Afortunadamente, el funcionario encargado dio la cara a las personas que protestaban en la avenida Urdaneta y decidió recibir los documentos de las personas que tenían la fecha del viaje más cercana. Les aseguró que el organismo está intentando abrir nuevas sedes en el interior del país para agilizar los trámites ante la alta demanda de los ciudadanos.
Ya casi son las tres de la tarde, la hora en que culmina la entrega de documentos según normas del organismo. Las personas en la cola, lucen agotadas, se puede palpar la incertidumbre en el ambiente, sin embargo, hay esperanza en sus miradas, esperar un poco más significa lograr el sueño más anhelado de los venezolanos hoy en día, partir, cruzar la frontera venezolana y dejar como un recuerdo lejano la crisis, el miedo y la odisea de realizar un trámite legal en una organización del Estado.
La reja rechina, finalmente el funcionario abre la puerta para que comience a avanzar la cola hacia el interior del ministerio. La gente recupera el color en el rostro, e incluso algunos sonríen por estar más cerca de la meta.
