En octubre de 2004 el entonces vicepresidente de la República, Dominador Kaiser Bazán, anunció la creación de una Unidad Cibernética con el objetivo de combatir los delitos electrónicos.
Sin embargo, hasta la fecha ninguna institución ni autoridad ha podido organizar un cuerpo especial dedicado a monitorear y perseguir a quienes amenacen, difundan o publiquen material delincuencial a través de la red.
Es por ello que a raíz de aquel vacío legal los grupos criminales han aprovechado para subir a las redes sociales todo tipo de material contra quienes consideran sus enemigos. Videos, fotos e incluso imágenes de los asesinatos de sus contrarios se ven en estos canales al alcance de gran cantidad de personas.
En Panamá, por ejemplo, algunos pandilleros han optado por enviar mensajes de intimidación a sus adversarios. El objetivo del material audiovisual era mostrar los rostros de sus próximas víctimas, todo en búsqueda del control de la venta de drogas.
Este fenómeno se repitió a principios de este año en varios sectores populares de la capital y Chiriquí. Las autoridades manifestaron que la Unidad Antipandillas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) estaba en la identificación del rostro de estas personas. Y hasta ahora no ha habido información de estos casos.
Considerando todas estas situaciones, los expertos en materia judicial consideran que nuestro país debe adecuar su código penal a la realidad mundial. Así lo cree el abogado Miguel Antonio Bernal, quien también argumenta que toda amenaza es un delito. “Todo lo que contenga una amenaza puede considerarse como apología del delito, sobre todo si es en redes sociales”.
Contrario a esto, el ex fiscal auxiliar Neftalí Jaén piensa que se hace difícil lograr llegar al origen de estas cuentas porque la mayoría son anónimas. “No se ha legislado sobre el uso de las redes sociales, además, como los administradores de estas redes son de otros países, hay que pedir asistencia a esos países y de la solicitud a su respuesta ya se han cerrado las cuentas”.
Aunque Bernal agregó que existen convenios internacionales de los que Panamá es signatario para penalizar aquellos delitos.
Seguridad cibernética es vulnerable
La falta de una legislación para combatir delitos cibernéticos permite que la información sensitiva de muchos panameños esté en peligro.
A Roderik Esquivel, exfiscal contra delitos de esta índole, le preocupa la capacidad que tienen los delincuentes para ingresar indebidamente a las bases de datos de las infraestructuras críticas del Estado, lo que podría interrumpir la cotidianidad y tranquilidad de los panameños.
Recordemos que los correos electrónicos de varios ministros de la administración pasada fueron violados por intrusos electrónicos que luego fueron identificados.
Panamá América
6 de mayo de 2015Noticias
