A la Dirección General de Desarrollo Humano de la intendencia de Canelones llegó días atrás una denuncia sobre la situación de una mujer cubana, aparentemente víctima de explotación laboral.
De acuerdo a esta información, la mujer se desempeñaba como trabajadora rural zafral en un área de Canelones y no cobraba prácticamente dinero debido a que tenía que pagar a sus empleadores un lugar donde dormir y la comida que se le proporcionaba.
La directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, dijo a Montevideo Portal que al recibir la denuncia indagaron sobre esta situación y descubrieron que no era sufrida únicamente por la mujer: en total se trataba de veinte ciudadanos de nacional cubana y venezolana (19 hombres y una mujer).
«Es una situación de posible explotación en el área rural en la zona de Canelón chico, por parte de intermediarios que contratan cuadrillas para trabajar en forma zafral. Les dan un lugar para vivir pero los hacen trabajar por la casa y algo de comer. Esto es lo que sucede según la información de la que disponemos», agregó. Más específicamente, les cobran 2800 pesos a cada uno para dormir en el sitio donde viven (todo el grupo en situación de hacinamiento) y otro monto por la comida. Por lo tanto, a la hora de abonarles el jornal prácticamente no perciben dinero.
«Sería similar a lo que pasaba en la etapa de la Conquista con los indígenas, a los que los grandes propietarios les descontaban por lo que les daban, a tal punto de que a veces quedaban en deudas, lo que se llamaba justamente esclavitud por deudas», puntualizó la directora de Desarrollo Humano. Garrido resaltó que los responsables, de acuerdo a la información disponible, son los cuadrilleros o intermediarios y no directamente los dueños de las quintas.
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La jerarca explicó que la situación es especialmente chocante para la comuna, ya que se ha trabajado fuertemente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la agencia Acnur, entre otros organismos, para insertar laboral y socialmente tanto a refugiados cono inmigrantes de varios países. Un ejemplo exitoso ha sido el de algunas familias salvadoreñas recientemente instaladas, hecho que demostró una «gran solidaridad de empresas y personas que les dan trabajo». «Son familias de refugiados totalmente integradas al trabajo y la realidad de Canelones. Lo mismo sucede con los inmigrantes cubanos y venezolanos en Santa Rosa, a los que se apoya en el trámite de documentación y también en varios aspectos humanos; por eso es triste ver cómo aún hay gente que cree que puede prácticamente esclavizar a otras personas», apuntó Garrido.
La denuncia fue elevada a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que estudia el tema. Desde la cartera confirmaron la existencia de la denuncia a Montevideo Portal -se está en proceso de corroborar que los hechos descritos sean efectivamente así- y aclararon que ha habido otras denuncias de irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros. «La llegada de extranjeros que vienen a trabajar implica que nos encontremos ante un fenómeno nuevo que hay que atender», aclararon las fuentes.
Por ejemplo, en febrero el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, había informado a El Observador que uno de cada cuatro ciudadanos extranjeros relevados en el este se encontraba en negro, tras las inspecciones realizadas en verano.
