El Gobierno de Panamá expresó este jueves «profunda preocupación» por la decisión del Supremo de Venezuela de asumir las competencias del Parlamento, e hizo un llamado a que en ese país se respete el orden constitucional y la democracia. La medida adoptada el miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), «que ha eliminado las facultades de la Asamblea Nacional», «agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela», expresó en un comunicado la Cancillería de Panamá.
«Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas», indicó la misiva oficial.
La canciller y vicepresidenta panameña, Isabel de Saint Malo, dijo este jueves a Efe que este nuevo episodio en Venezuela «preocupa mucho» al Gobierno de Panamá y que «la situación se vuelve tirante».
«En este momento lo importante es que realmente se llegue al diálogo, que no se ha dado, que se sienten Gobierno y oposición, que pacten un calendario electoral para que ese país salga adelante con la situación tan difícil que enfrenta», añadió.
En esa línea, la Cancillería indicó en su pronunciamiento que, en consonancia «con los principios que guían la política exterior panameña, la República de Panamá reitera además la importancia de que se retome y fortalezca el diálogo para llegar a entendimientos entre Gobierno y oposición venezolana».
Panamá fue uno de los 14 países que el pasado día 23 exigieron en una declaración conjunta al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un calendario electoral y la liberación de los «presos políticos».
Panamá también fue uno de los 20 países que el pasado martes acordaron una declaración conjunta en la que emplazaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a concretar una hoja de ruta «en el menor plazo posible» para «apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho» en Venezuela.
Este texto solo tiene tres puntos y no incluye las demandas de fijar un calendario electoral, liberar «presos políticos» y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sí recogía la declaración conjunta de 14 países publicada la semana pasada.
El TSJ de Venezuela decidió el miércoles que asumirá las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el incumplimiento de varias sentencias.
La AN acusó este jueves al presidente del país, Nicolás Maduro, de haber dado un «golpe de Estado», luego de la medida del TSJ. 2001.com.ve
