Los venezolanos siguen trabajando para lograr su permiso de Protección Temporal. Los representantes de la ONG ‘Un salvavidas para Venezuela’ se reunieron, el pasado 14 de agosto, con el portavoz del Partido Popular en el Senado de España, Ignacio Cosidó Gutiérrez, acompañado por el senador Dionisio García Carnero.
Fuentes presentes en el encuentro afirman a IberoEconomía que, durante la reunión, se solicitó el respaldo legislativo de los Populares a la petición formulada al gobierno español, para que el régimen de Protección Temporal, previsto en el Real Decreto 1325/2003, del 24 de octubre, se aplique al colectivo venezolano que ha buscado refugio en el territorio español.
Para William Cárdenas, director de Consultores Cárdenas, la petición de Protección Temporal llega en el momento oportuno. “Los presupuestos establecidos en el citado Real Decreto, se cumplen cabalmente en el caso de los venezolanos, pues son miles los que han arribado al territorio español, huyendo de un país donde se ha instalado la violencia y se vulneran los derechos humanos”, apunta. Sin olvidar que “tal afluencia masiva, ha creado una emergencia que ha desbordado la capacidad de respuesta de las oficinas de Asilo de la administración española”.
El abogado, quien también es coordinador de la ONG ‘Un salvavidas para Venezuela’ también explica que, durante el primer semestre de este 2018, “se han producido declaraciones de organismos internacionales que sugieren a los países a donde acuden los venezolanos en busca de refugio, tomar las medidas necesarias para brindarles protección y asistencia. Así lo han declarado ACNUR, la OEA, la ONU, la CIDH y el propio Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de julio pasado”.
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Como ha logrado conocer este diario, el Senador Ignacio Cosidó, quien entre otros altos cargos ha sido Director General de la Policía española entre los años 2011 a 2016, “fue muy receptivo y se comprometió a considerar el planteamiento para, una vez analizado, darle todo el respaldo institucional que amerita”.
Una medida sin precedentes
El Estatuto del Despazado, contenido en el citado instrumento legal, permitiría a los venezolanos obtener un permiso de residencia por un año, prorrogable por otro; permiso de trabajo, algo fundamental para su permanencia en este país; libre circulación por odo el territorio español, y asistencia sanitaria, entre otros beneficios. Sin embargo, hay que recordar que la propia ley establece algunas limitaciones para algunos ciudadanos.
De aprobarse, sería la primera vez que se diera aplicación a una medida de esta naturaleza, que de manera colectiva solucionaría una situación social, con ventajas tanto para el colectivo de venezolanos, como para la propia Administración del Estado, que por un lado solucionaría el problema de colapso de sus oficinas de asilo y refugio, y por otra, permitiría que miles de ciudadanos pudieran cumplir con sus obligaciones laborales con Hacienda y la Seguridad Social.
