Es la aplicación tecnológica más controvertida en la actualidad, no solo en Panamá sino en otros países.
Su uso ha encendido un debate jurídico en todo el mundo y Panamá no ha sido la excepción. La nueva herramienta, producto del auge del comercio electrónico, amenaza con desplazar a los taxistas. Fuente.
Se trata del servicio “Uber», cuyos conductores conforman lo que llaman una plataforma digital que conecta, a través de un sistema de posicionamiento global, a quienes necesitan un transporte, con aquellos que lo puedan suministrar.
Una herramienta tecnológica que ha revolucionado a más de 300 ciudades en 60 países alrededor del mundo, producto de las nuevas tendencias del mercado tecnológico.
Sin embargo; esta nueva dimensión del transporte urbano a en todo el mundo, también ha representado, para Panamá, un «balde de agua fría» sobre las cabezas de un gremio desfasado, plagados de quejas y cuestionamientos: los taxistas.
Uber llega al mundo en julio de 2010, en California, Estados Unidos, y arribó a Panamá en marzo del año 2014, país en el que opera bajo un aviso de operación como empresa de soporte técnico, compra y venta por internet, bajo las leyes de comercio electrónico.
En la Dirección General e Ingresos se informó que de conformidad con el artículo 722 del Código Fiscal, no se puede divulgar cuánto, hasta la fecha, ha reportado Uber al Fisco Nacional.
La empresa, valorada actualmente en unos 50 mil millones de dólares, informó que en Panamá han registrado aproximadamente 30 mil usuarios, de quienes dicen defender su derecho a escoger.
Uber da la plataforma a las personas que quieren ofrecer su servicio de transporte, pero no pone a disposición, de quienes trabajan con ellos, los recursos para prestar la actividad, lo que hace que el trato entre conductor y usuario realmente sea entre particulares, lo que complica el entorno legal para muchos países.
Si bien, sus socios ven el servicio como un dinero extra, Uber no cotiza en la seguridad social, ni respalda a sus colaboradores para ser sujetos de crédito, y ante cualquier accidente fatal en su flota, lo cubre el seguro de socio, desligando a la empresa de toda responsabilidad.
La mayoría de las quejas giran en torno a que la empresa intenta «enmascarar» en una aplicación para móvil lo que en realidad es la prestación de un servicio de transporte sin licencia y con conductores no profesionales.
Pero al final, el mercado es el que decide y la polémica está servida.