La diputada Zulay Rodríguez junto a miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA) interpusieron hoy ante el Supremo una demanda contra el decreto que prorroga el permiso de residencia temporal a cerca de 39.000 extranjeros.
El decreto ejecutivo «es inconstitucional porque viola el Artículo 14 de la Constitución Nacional», que estipula que la política migratoria se tiene que modificar «a través de una nueva ley y no de un decreto», explicó a Efe la diputada Rodríguez.
La demanda, que solicita la suspensión y nulidad del decreto, fue interpuesta en la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ).
Sus impulsores pretenden además recoger «medio millón de firmas en 2 ó 3 semanas» para dijo respaldarlo, aseveró la diputada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El Gobierno de Panamá firmó el pasado 22 de mayo un decreto que extiende el permiso de residencia temporal a personas que lo obtuvieron en unas controvertidas ferias migratorias, conocidas como Crisol de Razas, impulsadas durante la Administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Actualmente están en Panamá alrededor de 39.000 extranjeros que se regularizaron a través del Crisol de Razas y cuyos permisos de residencia se van a ir venciendo a lo largo de este año.
Los extranjeros «sabían que era un permiso de estadía temporal, ¿por qué no arreglaron sus papeles?», se preguntó la diputada Rodríguez.
El Crisol de Razas se realizó por última vez a finales de 2014, después de que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, decidiera suspenderlo por considerarlo «inapropiado».
El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, dijo la semana pasada que de las 39.000 personas que quedan en Panamá y se acogieron al Crisol de Razas, solo 17.739 tienen permiso de trabajo, porque muchos de los beneficiados son niños, ancianos y amas de casa.
«No se van a otorgar nuevos permisos de trabajo, solo son prórrogas de los ya otorgados», añadió entonces el ministro.
La tramitación de las nuevas residencias temporales tendrá un coste máximo de 2.000 dólares, dependiendo de la nacionalidad del inmigrante, y no será necesaria la contratación de un abogado, explicó el Gobierno.
La concesión de la prórroga, que durará seis años, se va a hacer de manera gradual y las personas afectadas tendrán que pedir cita a través de la página web del Servicio Nacional de Migración.
En los últimos años, debido a su pujanza económica y a su estabilidad sociopolítica, Panamá ha sido uno de los destinos más elegidos por muchos migrantes de la región.
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27 de mayo de 2015Noticias, X-plosivas y Destacadas
