El éxodo venezolano, que para la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) «es el más grande de la historia moderna de la región con un promedio de 5.500 personas abandonando el país cada día de 2018», reactivó un problema de compleja solución pese a que existe una herramienta para combatirlo aunque no se implementa.
Es que al desarraigo y la pérdida material que provoca migrar de un país a otro se le suma otro desgarro, que es más sigiloso pero igual de devastador con solo mirar unos años para adelante: la pérdida por parte de los trabajadores migrantes de todos sus aportes a la seguridad social que hicieron en su país de origen y que no son reconocidos en el receptor.
Sin embargo, el tema de «la portabilidad social de los trabajadores migrantes es uno de los puntos clave que la OIT trató en la última reunión iberoamericana», cuenta a Clarín Guillermo Dema, especialista regional de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para América Latina y Caribe en materia de migración laboral. Cuenta este español desde su oficina en Lima, Perú, que «desde 2007 existe el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social al que solamente no suscribieron en la región Colombia, Costa Rica y República Dominicana».
– ¿Qué finalidad tiene?
– Este convenio multilateral es el primer instrumento que se crea en la región para defender los derechos de la seguridad social de trabajadores migrantes y sus familias. La idea es que los países que lo suscribieron compartan información para que llegado el momento de la jubilación los fondos aportados sean transferidos al país receptor. Y lo cierto es que los trabajadores migrantes de la región están perdiendo sus derechos.
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– ¿Ocurre en la realidad?
– No. España y Portugal, que también lo suscribieron con nuestra región, son los más avanzados en los niveles de coordinación porque ambos pertenecen a la Unión Europea y allí sí funciona la portabilidad de los derechos de la seguridad social entre los 28 países miembros. Entre Argentina y España se da la transferencia. Es decir que si has tenido un trabajo formal en Argentina y luego te radicas en España; al momento de jubilarte deberás hacer un trámite en el Instituto Nacional de la Seguridad Social que se pondrá en contacto con su homólogo para intercambiar información y transferir lo que corresponda.
– El caso Venezuela dejó al descubierto su no implementación…
– La situación en Venezuela puso en evidencia una crisis en el control migratorio por lo que no hay herramientas que permitan gestiones migratorias a estos niveles. Antes fue la migración haitiana, con flujos hacia Brasil y Chile. También hay que considerar a Centroamérica con trabajadores trasladándose hacia México primero y luego a Estados Unidos. Lo cierto es que en América Latina estábamos acostumbrados ver cómo nuestros connacionales se iban a países del norte (por Estados Unidos y Canadá) o a Europa, pero en los últimos años ese flujo migratorio se ha revertido y hoy esas migraciones de trabajadores son intraregionales.
– ¿Por qué no se ha avanzado nada en estos 11 años?
– Es cierto que no es sencilla su implementación ya que los regímenes de seguridad social son muy variados según el país. Pero también entendemos que estos flujos migratorios venían siendo administrados por las cancillerías o los ministerios de Interior con una ausencia total de los ministerios de trabajo. Desde la OIT consideramos que ministerios de Trabajo, empleadores y trabajadores deben tener mayor predominio y coordinación sobre los migrantes trabajadores. Los aspectos laborales están apartados.
– ¿Qué propone la OIT?
– Promover y dar asistencia técnica a los países para que esto sea una realidad. Estamos tratando de promover acuerdos bilaterales y multilaterales de derechos de la seguridad social. Por ejemplo trabajamos en el caso de los mexicanos que van por trabajos temporales a Canadá; nosotros queremos que por esos meses que trabajen allá no pierdan sus derechos, sino que puedan ser transferidos.
